40 Written explanations of Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Como socialista concienciado con la necesidad del adoptar un nuevo modelo económico, social y ecológico que permita convertir a Europa en un continente neutro, he votado favorablemente la propuesta de Resolución común sobre el Pacto Verde Europeo, ya que refleja la ambición de las demandas socialdemócratas.En relación con los aspectos climáticos y medioambientales, el texto está totalmente en línea con los objetivos del Grupo S&D y el principal objetivo de reducción del 55 % de los GEI. Además, los socialistas conseguimos incluir muchas referencias a la dimensión social, haciendo una clara referencia al pilar europeo de derechos sociales, la pobreza energética y la necesidad de un Fondo de Transición Justa para las regiones, los trabajadores y las comunidades más afectados por la descarbonización.Por otro lado, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles para 2020 ha sido confirmada una vez más por el PE, y otros temas que siempre hemos defendido los socialistas aparecen reflejados igualmente, como la necesidad de recursos adicionales y la defensa de objetivos vinculantes necesarios para la eficiencia energética de los edificios, la reducción de los plaguicidas peligrosos para la biodiversidad y las energías renovables a nivel nacional.

He votado a favor de la propuesta de Resolución al considerar que la situación en Polonia y en Hungría ha seguido deteriorándose en los últimos meses. Varios jueces y magistrados polacos han denunciado los abusos, las intimidaciones y el acoso que padecen ante el Parlamento Europeo. El TJUE ha puesto de manifiesto que la Oficina Judicial y la Cámara Disciplinaria polaca son incompatibles con el artículo 19 y el 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La situación en Hungría también se ha agravado por la aparición de numerosos casos de corrupción. Por consiguiente, es necesario que la Comisión haga pleno uso de los instrumentos a su disposición para abordar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la UE. Asimismo, el Consejo debe velar para que en las audiencias se aborden los últimos cambios en ambos Estados miembros y se evalúen los riesgos de vulneración de la independencia del poder judicial y la libertad de expresión.

Como parte de la respuesta conjunta a la COVID-19, el Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) desempeña un papel importante como muestra de solidaridad de la Unión a los Estados miembros en situación de emergencia.Hasta ahora no era posible abordar los riesgos de salud con el FSUE, ya que fue creado para responder a desastres naturales, como inundaciones o terremotos.La propuesta de la Comisión, aprobada por 671 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, propone enmendar el Fondo, ampliando el alcance para incluir emergencias de salud pública y definir operaciones específicas que puedan ser financiadas.El Grupo S&D ha votado a favor de esta modificación que pondrá a disposición de los países europeos hasta 800 millones de euros en 2020. El dinero podrá utilizarse para asistencia médica, así como a medidas de prevención, control y vigilancia de la propagación de enfermedades.La propuesta de Comisión propone elevar el nivel de los pagos anticipados al 25 % de la contribución esperada del FSUE, limitado a un máximo de 100 millones de euros, y aumentar el nivel total de créditos para anticipos del Fondo de Solidaridad en el presupuesto anual, que pasaría de 50 millones a 100 millones de euros.

La pandemia del coronavirus ha creado una situación sin precedentes en nuestros países y regiones: la actividad económica se ha visto drásticamente afectada, las empresas —particularmente las pymes— luchan por sobrevivir y se necesitan recursos adicionales para dar apoyo a los sistemas sanitarios.Dada la necesidad y la urgencia de que se proporcionen medios financieros para hacer frente a la crisis, el Parlamento Europeo ha aprobado por 683 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre una Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, con el objetivo de apoyar a los Estados miembros y a sus ciudadanos en la lucha contra el brote del virus.El Grupo S&D ha apoyado esta propuesta que canalizará 37 000 millones de euros (8 000 millones de liquidez de inversión de los fondos estructurales no gastados en 2019 + 29 000 millones de euros de cofinanciación de presupuesto comunitario) de fondos comunitarios tan pronto como sea posible, para abordar las consecuencias de la crisis del coronavirus.El dinero se dedicará a los sistemas de salud, las pymes, los mercados laborales y otras partes vulnerables de las economías de los Estados miembros.

Ante el alcance y la naturaleza de las necesidades que requieren el apoyo urgente del presupuesto de la Unión, la Delegación Socialista Española ha votado a favor de las medidas urgentes aprobadas por el Parlamento Europeo para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Se trata de un paquete de ayuda de emergencia, el «paquete ESI», para financiar la prestación de ayuda de emergencia dentro de la Unión.El proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 1 para el año 2020 pondrá a disposición 350 millones de euros para responder a las necesidades derivadas del aumento de la presión migratoria en Grecia, 115 millones de euros para dar una respuesta urgente que evite un nuevo deterioro del brote de COVID-19, así como ajustes para incrementar la capacidad del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades(CEPCE) en términos de personal.

He votado a favor de esta propuesta de Resolución común porque, ante este reto histórico, Europa tiene que actuar con valentía y solidaridad para salir de la hibernación social y económica, sin dejar a nadie atrás y pensando en el interés general. Dejando de lado el «chacun pour soi » y las respuestas nacionalistas y apostando por la acción coordinada. De lo contrario, nuestra Unión está en peligro.El acuerdo del Eurogrupo es un paso en la buena dirección, pero no es suficiente. Europa necesita un plan de reconstrucción ambicioso. Un nuevo Plan Marshall de inversión europea común que contemple bonos de reconstrucción y mayor flexibilidad para evitar caer en una espiral de deuda.Además, esta Cámara debe participar en la elaboración del plan de rescate y liderar la preparación de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para reformar la UE, haciéndola más democrática y resistente.No es momento para vetos y suspicacias. Como pedimos en esta propuesta de Resolución común, debemos: proteger a los más vulnerables; asegurar que el Pacto Verde, la transformación digital y el sector turístico, el pesquero y agrícola y la industria cultural estén en el centro de la recuperación; y proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

El proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo, basado en el artículo 33 de la Decisión 2008/615/JAI («Decisión Prüm»), tiene por objeto permitir el intercambio de datos dactiloscópicos entre el Reino Unido y los Estados miembros vinculados por la «Decisión Prüm».Como ponente, he votado en contra ante la visible negativa por parte del Reino Unido de poner a disposición datos dactiloscópicos de sospechosos, en contra de lo esperado por el Consejo y en contraste con decisiones similares adoptadas por otros Estados miembros. Asimismo, esta Decisión de Ejecución, en caso de ser adoptada, sería válida hasta el 31 de diciembre de 2020.Por consiguiente, ante la ambigüedad del Reino Unido por cumplir con los estándares de protección de datos de la UE después de esta fecha, la susodicha Decisión podría conllevar un grave riesgo para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la UE después del período de transición. Más aun, es manifiesta una falta de buena voluntad por parte del Gobierno del Reino Unido cuando se trata de cooperación.

La exposición de los ciudadanos a la desinformación a gran escala, incluida la información falsa o engañosa, es un gran desafío para Europa. Asimismo, la desinformación sobre esta pandemia supone un importante problema de salud pública y para nuestras sociedades libres y democráticas.Es pertinente fortalecer más las capacidades de comunicación estratégica de la UE, y que las instituciones europeas establezcan mecanismos para mejorar la coordinación sobre la desinformación. Asimismo, es necesario definir los posibles ámbitos que requieran acciones legislativas y no legislativas y evaluar el impacto de estas amenazas.Por ello, y entre otras razones igualmente significativas, como, por ejemplo, el apremio de una respuesta coordinada y comprehensiva a nivel de la UE, he votado a favor de esta propuesta de Decisión.

. – La ausencia de controles en las fronteras internas es para muchos ciudadanos y ciudadanas uno de los beneficios más tangibles de la integración europea. Asimismo, el espacio Schengen, único en la historia y en el mundo, forma parte del mismo núcleo del proyecto de la Unión Europea, que permite que más de 400 millones de personas se desplacen sin restricciones y que aporta un valor incalculable para los ciudadanos y las ciudadanas.Es preciso que la búsqueda de respuestas sea europea y coordinada dentro del marco de la Unión, y que respete el principio de no discriminación, donde la Comisión ejerza un control adecuado sobre la aplicación del acervo de Schengen y se informe oportunamente al Parlamento.Por ello, es necesario debatir un plan de recuperación de Schengen para encauzarnos hacia una verdadera y óptima recuperación de la Unión tras la pandemia provocada por la COVID-19. Está en nosotros trabajar tenazmente para Schengen, con la solidaridad y la confianza mutua como faros, para solucionar cualquier problema de salud que pueda ocurrir, y así asegurarnos de que esta idea continúe marcando una diferencia positiva. Por ello, como ponente de esta propuesta de Resolución, he votado a favor.

La Delegación Socialista Española ha votado a favor de este informe que llama a los Estados miembros a tomar medidas más ambiciosas para amortiguar el choque laboral y social causado por la pandemia y que aboga por el desarrollo de políticas progresistas que garanticen una recuperación democrática, inclusiva y socialmente justa.En el texto, aprobado por 550 votos a favor, 128 en contra y 10 abstenciones, se pide a los Estados miembros que respeten y fortalezcan el rol de los interlocutores sociales, amplíen la cobertura de la negociación colectiva y defiendan una movilidad laboral justa. Asimismo, para evitar que el apoyo financiero de la Unión termine en los bolsillos de los inversores, pedimos que solo las empresas que no estén registradas en paraísos fiscales y que no paguen dividendos o bonos, puedan solicitar asistencia financiera del mecanismo SURE.También se hace hincapié en la necesidad de que la lucha contra el desempleo juvenil, el sinhogarismo y la pobreza debe priorizarse a través de una Garantía Juvenil reforzada, una Garantía Infantil sólida para abordar la pobreza infantil y el enfoque «En primer lugar, la vivienda».Solo poniendo en marcha políticas de estas características podremos dar el impulso que nuestra sociedad necesita, sin dejar a nadie atrás.

Los socialistas españoles hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución común porque creemos que solo con una Unión Europea reforzada en materia de salud se podrán prevenir y controlar las potenciales amenazas para la salud, y coordinar la respuesta a las mismas de manera más eficiente.La propuesta de Resolución común es un éxito socialdemócrata, ya que ha contemplado las líneas de nuestro grupo político en materia sanitaria. En primer lugar, consagra la creación de una Unión Europea de la Salud, así como la necesidad de realización de pruebas de resistencia de los sistemas sanitarios para detectar los puntos débiles y prepararlos ante posibles rebrotes de la COVID-19 y ante cualquier crisis sanitaria futura.Asimismo, se ha pedido a la Comisión que proponga una Directiva sobre normas mínimas de asistencia sanitaria de calidad, basándose en los resultados de las pruebas de resistencia, para garantizar la seguridad de los pacientes, condiciones laborales dignas para los profesionales sanitarios y la resiliencia de Europa ante pandemias y otras crisis de salud pública.A su vez, se pide la adquisición pública conjunta de la Unión de vacunas y tratamientos contra la COVID-19, de manera que se garantice un acceso equitativo y asequible a medicamentos y productos sanitarios importantes.

La UE ha aprobado un acuerdo, que da una respuesta a la crisis provocada por la COVID-19. Con este acuerdo Europa da un salto cualitativo en el proyecto de construcción europea. Es la primera vez que la UE se va a endeudar de manera conjunta.El objetivo de este gran fondo es que los europeos y las europeas superemos la crisis lo antes posible. Además, servirá para financiar la modernización de nuestras economías, para que esa recuperación sea verde, digital, moderna y social, que no deje a nadie atrás. Por ello nos felicitamos todos los que queremos una Europa unida, próspera y cohesionada, más justa y más fuerte.La importancia del acuerdo va mucho más allá del volumen de dinero que se va a movilizar. Europa manda un mensaje enérgico y se muestra lista para afrontar los desafíos sociales que nos aguardan.Y por ello lamentamos que el acuerdo presupuestario para el periodo 2021-2027 no haya sido suficientemente ambicioso. Porque Europa necesita un presupuesto fuerte para invertir en las prioridades identificadas antes de la crisis. Este Parlamento está dispuesto a negociar para mejorar este aspecto tanto en ingresos como en gastos. La UE saldrá reforzada y con ello, todos los ciudadanos europeos.

La propuesta de Resolución analiza las distintas medidas que, de forma excepcional, se han decretado en los países de la UE a consecuencia de la pandemia COVID 19, el impacto de estas en sus ciudadanos y en la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.Consecuencia de las medidas adoptadas, se han visto afectados, entre otros, derechos tan importantes como la libre circulación de personas, el derecho de reunión, el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho de asilo y refugio, etc.Asimismo, se ha producido una alteración del normal funcionamiento de los poderes del Estado y una merma del sistema de controles y un adecuado equilibrio entre estos.La propuesta de Resolución recuerda a los Estados miembros que, incluso en un estado de emergencia pública, deben prevalecer los principios fundamentales del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales, y que todas las medidas de emergencia, excepciones y limitaciones están sujetas a tres condiciones generales: las de necesidad, proporcionalidad en sentido estricto y la temporalidad, conforme a lo reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y diversos tribunales constitucionales y juzgados de los Estados miembros.

He votado junto al Grupo S&D en el Parlamento Europeo a favor de esta propuesta de Resolución para pedir a la Comisión Europea y a los Estados miembros una respuesta valiente y ambiciosa para frenar la tasa de personas sin hogar en la Unión. Mediante esta propuesta de Resolución, el Parlamento Europeo pone el foco en la situación especialmente vulnerable en la que se encuentran los ciudadanos europeos sin hogar en el contexto actual, en el que la recomendación general para luchar contra la pandemia de la COVID-19 es la de quedarse en casa.Asimismo, el texto advierte sobre el preocupante aumento de la tasa de personas que viven en la calle en la Unión, una cifra que, en la última década, se ha incrementado en más de un 70 %. El Grupo S&D responde así, mostrando su apoyo y su compromiso con las preocupaciones de los ciudadanos europeos expresada a través de numerosas peticiones sobre la situación de las más de cuatro millones de personas sin hogar en Europa.A pesar de que son los Estados los competentes en materia de vivienda, este texto es un reflejo de la preocupación de los socialistas por hacer frente a la exclusión social en la Unión.

La Delegación Socialista Española, en su compromiso con la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la UE, ha votado a favor de este informe en el que se condenan los ataques contra la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación por parte de los Gobiernos de algunos Estados miembros.El texto denuncia el aumento de un patrón de intimidación hacia periodistas críticos e insiste en la imperiosa necesidad de investigar y prevenir los ataques a periodistas. Así mismo, el texto señala que la concentración excesiva de la propiedad de los medios pone en riesgo el pluralismo periodístico, lo que hace más difícil desafiar la difusión de la desinformación.Por último, se exige un fortalecimiento del marco legal para luchar contra el creciente discurso de odio en línea y una mayor colaboración entre las plataformas en línea y las fuerzas del orden.La defensa y promoción de unos medios de comunicación plurales, independientes, críticos, de calidad y basados en los principios del respeto y la paz son uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y contarán siempre con el apoyo de la DSE.

El informe concluye que la orden de detención europea es un logro de primer orden, y un instrumento eficaz, útil e indispensable para luchar contra la delincuencia transfronteriza y llevar ante la justicia a los autores de delitos graves en el Estado miembro en el que haya tenido o esté teniendo lugar el proceso penal, por lo que repercute positivamente en el espacio de libertad, seguridad y justicia.No obstante, identifica también obstáculos relativos a la aplicación de este instrumento de cooperación judicial en los Estados miembros, así como retos relacionados con la diversidad de medidas que los Estados miembros pueden aplicar en la ejecución de las órdenes de protección europeas y el impacto del instrumento en relación con la protección de las víctimas de delitos.He votado a favor porque considero que contribuirá a mejorar el funcionamiento de la orden de detención europea y hará que se garantice de manera más efectiva la protección de los derechos fundamentales del sospechoso en los procedimientos.

El Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) es el instrumento financiero que ayuda a quienes han caído en la pobreza a dar sus primeros pasos para salir de la pobreza y la exclusión social. Unos 13 millones de personas reciben apoyo del FEAD cada año, incluyendo alrededor de 4 millones de niños menores de 15 años.La actual pandemia de COVID-19 ha tenido y continúa teniendo un impacto social muy severo que coloca a muchas personas en riesgo de pobreza y exclusión social, al tiempo que aumenta el número de aquellos más necesitados en la UE. Es de suma importancia que los recursos europeos se inviertan en las personas y en las consecuencias sociales de la crisis, sin olvidar a las personas más desfavorecidas. Los Estados miembros centran. en gran medida, las inversiones sociales actuales en salvar los puestos de trabajo, sin embargo, la pobreza y la exclusión social aumentan a una velocidad muy preocupante.Por ello el Grupo S&D pide un incremento obligatorio de los recursos FEAD que provienen de la iniciativa REACT-UE para los años 2020, 2021 y 2022. He votado a favor.

El PE ha dado luz verde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para impulsar la economía europea tras la pandemia de la COVID-19 con 672 500 millones de euros mediante subvenciones y préstamos para apoyar reformas e inversiones en los Estados miembros.Nuestra posición desde el principio ha sido clara: asignar el dinero equitativamente sobre la base de seis pilares fundamentales: la transición sostenible, la transformación digital, la cohesión económica, social y territorial, la resiliencia institucional y políticas para las nuevas generaciones. Con ello lograremos la modernización de la gestión pública y el apoyo a la Garantía Juvenil e Infantil, incidiendo en la importancia de los sistemas nacionales de salud, su coordinación y colaboración a nivel europeo.Hemos integrado la perspectiva de género y las consultas con los interlocutores sociales, incluyendo una cláusula de retroactividad para que cualquier inversión realizada en los Estados miembros, desde el comienzo de la pandemia en Europa, sea elegible para reembolso.El MRR constituye un importante paso adelante en la mitigación de los efectos de la crisis de la COVID-19 y, con el objetivo del 37 % de gasto en la transición verde y el 20 % para la transición digital, también es un trampolín para nuestro futuro común.

La propuesta de Resolución, aprobada por 365 votos a favor, 118 en contra y 208 abstenciones, incluye la prevención y la lucha contra la pobreza de los trabajadores dentro del objetivo general de erradicar la pobreza en la Unión Europea.Algunas de las propuestas más ambiciosas han sido frenadas por la derecha, como la inclusión de un protocolo de progreso social en los Tratados europeos que prevalezca en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y derechos sociales colectivos, pero el balance general es optimista y han salido adelante propuestas para promover el trabajo indefinido, garantizar la presencia sindical en el lugar de trabajo, la protección social de trabajadores de plataformas y trabajos atípicos, la eliminación gradual de contratos de cero horas, o una Directiva que garantice salarios mínimos legales establecidos siempre por encima del umbral de pobreza con el fin de garantizar una vida digna a todos los trabajadores a tiempo completo.El informe tiene un sesgo progresista y ha puesto especial acento en la brecha salarial de género.

El Programa InvestEU se basa en el exitoso Plan Juncker, y reunirá, bajo un mismo techo, el FEIE y trece instrumentos financieros actualmente disponibles. A través de cuatro ejes (infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes e inversión social y capacidades), pretende movilizar casi de 400 000 millones de euros de inversiones en la UE, de los cuales casi 26 200 millones se prevén en el presupuesto de la UE 2021-2027.Además, InvestEU tendrá capacidad para apoyar el capital de las empresas afectadas por la pandemia, por lo que este mecanismo de apoyo a la inversión es crucial para fomentar la recuperación económica en toda la Unión e impulsar el empleo de calidad, la digitalización, la inversión en infraestructuras sostenibles, la innovación, la investigación y el desarrollo de empresas estratégicas. También, al menos el 30 % de las inversiones contribuirán a cumplir los objetivos de la Unión en materia de acción climática.Nuestro grupo ha trabajado para conseguir que InvestEU sea un instrumento fuerte y hemos defendido las cuestiones sociales y medioambientales, prestando especial atención a los sectores especialmente necesitados de apoyo, como el turismo, la cultura y las infraestructuras sociales.Por todo ello la Delegación Socialista Española ha votado a favor.

El Semestre Europeo tiene una importancia especial, por su vinculación con los planes nacionales de recuperación y resiliencia.Para los y las socialistas, los principios del pilar europeo de derechos sociales y los ODS deben ser la brújula que guíen las reformas y las inversiones y votamos porque la equidad y los derechos sociales tengan la misma importancia que los objetivos macroeconómicos y medioambientales en un modelo social ecológico y económico que mejore el bienestar de las personas en la UE y que no deje a nadie atrás.Partiendo de que la respuesta de la UE a la crisis de COVID-19 ha sido decisiva y diferente a las anteriores, por un lado, debemos asegurarnos de que las medidas de emergencia se prolonguen mientras sea necesario, y por otro, de acompañar los planes nacionales con ese fuerte compromiso social y de inversión para crear de empleo de calidad, reducir las desigualdades y combatir la exclusión social, disminuir las brechas de género en el empleo, en los salarios y en las pensiones, reforzando la conciliación de la vida laboral y familiar y avanzar hacia una nueva organización de los cuidados.

He votado a favor de las enmiendas presentadas por la Comisión LIBE a la propuesta de la Comisión para un certificado UE COVID-19, con el fin de lograr un mandato parlamentario consensuado y firme de cara a las próximas negociaciones con el Consejo y la Comisión, respecto de esta propuesta legislativa.El certificado pretende restaurar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea, gravemente restringido tras la declaración de la pandemia. El uso del certificado deberá ser una medida temporal y la norma deberá fundamentarse en los principios de proporcionalidad y no discriminación.Las vacunas han de considerarse un bien público y accesible para el conjunto de la población, así como las pruebas de COVID-19, debiendo los Estados miembros garantizar su accesibilidad y gratuidad.Deseamos reforzar la protección de los datos personales e insistimos en la prohibición de conservación y/o almacenamiento de datos personales obtenidos a través del certificado por parte de los Estados miembros.El certificado deberá emitirse, bien en formato papel o digital, a petición del solicitante y, tras su puesta en funcionamiento, los Estados miembros no introducirán ni aplicarán restricciones de viaje adicionales.

En 2019, el 22,2 % de los niños de la UE (casi 18 millones) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación no solo es inaceptable, sino que además ha creado un ciclo intergeneracional de pobreza que se ha visto exacerbado por la pandemia de COVID-19.Desde 2014 el Grupo S&D ha defendido la necesidad de desarrollar una Garantía Infantil Europea con el objetivo de atajar la pobreza infantil desde una perspectiva multidimensional, garantizando que todos los niños y niñas en riesgo de pobreza en la UE tengan acceso a una atención médica, una educación y un cuidado infantil gratuitos y de calidad, así como acceso a una vivienda digna y nutrición adecuada.Desde el Grupo S&D votamos a favor de esta propuesta de Resolución y acogemos favorablemente esta propuesta de la Comisión Europea, que supone una reforma estructural clave de este período y debe considerarse como una inversión en estabilidad y prosperidad, necesaria para preservar el potencial de crecimiento de la UE. La inversión en las y los más pequeños es el medio más importante para mejorar el bienestar económico y social.

El informe tiene como objetivo alentar a la Comisión Europea a emprender acciones nuevas en el ámbito de la migración legal con el fin de armonizar la política europea en este ámbito y establecer canales de migración organizados, predecibles y seguros hacia la UE.La Delegación española respalda la posición de la ponente del Parlamento, considerando que es necesario un enfoque holístico en materia de migración común y que el desarrollo de la migración legal sigue siendo el mejor instrumento para garantizar una gestión eficaz y ordenada de la inmigración que evite la pérdida de vidas de los migrantes y permite respetar sus derechos humanos, garantizar la igualdad de trato y al mismo tiempo luchar contra las mafias de los traficantes y combatir la explotación laboral.La aportación de los migrantes a nuestras economías es innegable y seguiremos necesitando de ellos en los próximos años para hacer frente a las carencias de nuestro mercado laboral. Nuestro objetivo es, por tanto, impulsar la integración e inclusión de los migrantes en nuestras sociedades, atendiendo a las necesidades locales, regionales y nacionales, y haciendo un especial hincapié en la igualdad de género.

El 19 de febrero de 2021, la Comisión Europea publicó su proyecto de decisiones de adecuación, una en relación con el Reglamento General de Protección de Datos y otra en relación con el Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. La Resolución objeta a la decisión de adecuación adoptada por la Comisión en su versión preliminar presentada ante la Comisión LIBE e insta a modificar las decisiones por considerar que la evaluación llevada a cabo por la Comisión Europea antes de presentar su proyecto de decisión no está completa, ni se ajusta totalmente a los requisitos establecidos por el TJUE en sus sentencias de Schrems I y Schrems II.He votado a favor de la Resolución con el propósito de que la Comisión modifique las decisiones de adecuación para el Reino Unido antes de su adopción definitiva.

He votado afirmativamente a las enmiendas del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión para un Reglamento sobre un Certificado COVID digital de la UE con el fin de que con la citada normativa se logre restaurar la libertad de movimiento dentro de la UE, un derecho gravemente restringido tras la declaración de la pandemia.Si bien el acuerdo alcanzado no satisface en su totalidad las demandas del Parlamento Europeo, la implementación del certificado supondrá una mejora del actual statu quo en cuanto a la libre circulación de personas dentro de la zona UE, con el fin de lograr el levantamiento de las actuales restricciones de forma coordinada entre los Estados miembros mientras se sigue luchando contra la pandemia.El uso del certificado, que podrá emitirse bien en papel o en formato digital, se establece como una medida temporal, quedando garantizado el principio de no discriminación y la protección de datos personales, con especial mención a la necesidad de que las vacunas y los test sean «asequibles y accesibles». Asimismo, las eventuales medidas restrictivas que impongan los Estados miembros (tales como cuarentena, aislamientos o pruebas adicionales) deberán ser «necesarias y proporcionales para salvaguardar la salud pública».

La aprobación de esta Resolución ha sido una importante victoria de los socialistas y los progresistas. Hemos conseguido que el Parlamento se posicione a favor de la exención temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para mejorar el acceso mundial y abordar las limitaciones de producción y la escasez de suministro a nivel mundial. El Parlamento pide a la UE que apoye de forma constructiva las negociaciones en el seno de la OMC sobre la exención.Aunque es cierto que las empresas farmacéuticas han hecho un gran esfuerzo, mucha de la financiación ha sido pública, respaldada por contratos gigantes de compras de dosis.Se pide además un enfoque integral de la estrategia mundial contra la pandemia y usar los canales existentes en la OMC para un aumento urgente de la inversión, la producción, y las capacidades de procesamiento, almacenamiento, distribución y entrega en todo el mundo, junto con el llamamiento a donar los excedentes de vacunas a COVAX e invertir en instalaciones de producción en África y otras zonas más necesitadas.Todo ello con el voto en contra del PP, Ciudadanos y sus homólogos europeos, que no apoyan el uso universal de las vacunas COVID.

He votado afirmativamente al procedimiento de aprobación respecto del Reglamento de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), habida cuenta de la importante tarea que esta Agencia desempeña en cuanto a la observancia del respeto de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Si bien la posición del Parlamento Europeo es mucho más ambiciosa en cuanto a las competencias de la Agencia, era necesario otorgar el voto de aprobación con el fin de actualizar y renovar el mandato de la Agencia FRA en el desempeño de las tareas encomendadas a la misma, ampliando su mandato y autonomía.

La abolición de los controles en las fronteras interiores es un elemento esencial y práctico de lo que los ciudadanos identifican como la idea europea, resultando asimismo crucial para el funcionamiento del mercado interior. No obstante, el espacio Schengen se encuentra amenazado por el control cada vez mayor de las fronteras interiores ejercido por los Estados miembros, en particular tras el inicio de la pandemia de la COVID-19.El informe, que ha contado con mi voto positivo, analiza la situación del citado espacio, identificando sus puntos débiles y denunciando sus deficiencias. Entre estas destacan la violencia contra los migrantes y las devoluciones irregulares en las fronteras exteriores de la UE. Asimismo, lamenta la descoordinación entre los Estados miembros en materia de gestión de las fronteras a pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión.En contrapartida, bendice algunos puntos como la intención de la Comisión de digitalizar el procedimiento de visado para 2025 y los beneficios del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de Schengen (SEMM). En cuanto al futuro del espacio, el informe requiere una reforma urgente y significativa del Código de Fronteras Schengen.

. – El artículo 7 del TUE tiene por objeto garantizar que todos los países de la Unión Europea respeten los valores comunes de la Unión, recogidos en el artículo 2 del TUE, incluido el Estado de Derecho. El Parlamento Europeo siempre se ha mostrado muy activo en abordar los desafíos relacionados con el Estado de Derecho en la Unión, en especial adoptando resoluciones que iniciaron el citado procedimiento previsto en el artículo 7.1 del TUE respecto de ambos países. Desde entonces, y sobre todo a raíz del deterioro de la situación en cuanto al respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en ambos países, el Parlamento no ha cesado en solicitar al Consejo que actúe en virtud del citado procedimiento del artículo 7.1 TUE. Es una cuestión crucial velar por del respeto de los valores de la Unión Europeo y sobre todo, el respeto al Estado de Derecho.

La posición del PE sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» confirma los objetivos de la Comisión para desarrollar un sistema alimentario sostenible, desde la producción hasta el consumo.He votado a favor de este informe porque envía una señal de apoyo a la Comisión al tiempo que reclama estudios de impacto acumulativo de las diferentes medidas que se deriven, para garantizar que no se traduzca en un ataque a la soberanía alimentaria de la UE, garante nuestro bienestar durante la pandemia, ni en un incremento de las importaciones a la UE de productos agrícolas con menores estándares de sostenibilidad que los europeos. La digitalización, la innovación y la ciencia deben ponerse al servicio del sector primario para facilitar alternativas sostenibles y accesibles que apoyen a nuestros agricultores y ganaderos como actores destacados de esta transición, como refleja el texto aprobado.El resto de la cadena alimentaria, el transporte, la distribución, la información a los consumidores, la reducción del desperdicio de alimentos, la política comercial de la UE también se analiza en el texto como parte fundamental de este cambio cuyo éxito dependerá de unas propuestas legislativas que equilibren la sostenibilidad económica y social con la medioambiental.

He votado a favor de este informe que pide a la Comisión una revisión ambiciosa de la Directiva sobre el amianto con el establecimiento regulado de su límite de exposición y que propone un marco europeo de estrategias nacionales para la retirada segura de todo el amianto en los Estados miembros.Este marco debe incluir varias propuestas legislativas, como por ejemplo el reconocimiento de enfermedades profesionales, incluidas todas las enfermedades relacionadas con el amianto conocidas, con normas mínimas para los procedimientos de reconocimiento y para la indemnización de las víctimas de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto. Además, se incluyen muchas otras propuestas relacionadas con controles, exámenes obligatorios y una serie de plazos y objetivos claros para su eliminación segura. También se ha incluido la prohibición de encapsular y sellar amianto y un seguimiento médico para todos los trabajadores expuestos.El informe ha sido aprobado por una amplia mayoría (675 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones).

El Parlamento Europeo ha aprobado un presupuesto ambicioso para la Unión Europea. En ese sentido la DSE ha defendido un presupuesto ambicioso para contribuir a la recuperación económica en 2022, centrada en la dimensión social, la sostenibilidad y la promoción de los valores de la Unión.El texto aprobado apoya nuestra propuesta para contribuir a la recuperación social y el reconocimiento sostenible, con especial atención a la juventud, el empleo, la educación, la cohesión y el apoyo a las pymes y las empresas emergentes.Además, recoge una cuestión clave para nuestro grupo, que es la inversión en un futuro sostenible, en clima y biodiversidad, investigación e innovación, incluidas inversiones en salud, digitalización, transporte y agricultura inteligentes, sostenibles y asequibles.El informe introduce también nuestra reivindicación de promover la solidaridad y los valores de la Unión Europea, incluida la igualdad de género, la cohesión y las acciones exteriores, con especial atención a la cooperación al desarrollo en terceros países.Como resultado de esta votación, el equipo negociador del Parlamento Europeo obtiene un amplio respaldo para defender una recuperación con una fuerte dimensión social entre sus prioridades para 2022 en las negociaciones que la semana próxima se iniciaran con el Consejo.

Los socialistas españoles en el Parlamento lideramos esta iniciativa para que el derecho a un medioambiente sano sea reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, cuyo artículo 37 no proclama un derecho sustantivo autónomo sino el principio de integración de la protección del medioambiente en el resto de políticas. Necesitamos que la Carta de Derechos Fundamentales, como garante de los derechos fundamentales en la aplicación del Derecho Europeo, reconozca el derecho a un medioambiente sano.Las crisis climática y medioambiental y la necesidad de que la UE lidere la lucha mundial contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad nos obliga a considerar el papel del Derecho medioambiental de forma más amplia en nuestro sistema jurídico europeo.De la misma forma, tras la aprobación de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la UE y los Estados miembros deben promover el reconocimiento de este derecho como derecho humano a nivel internacional para que se incorpore en la Declaración Universal de Derechos Humanos.Solo así se defiende al individuo frente a las administraciones, se recaba la tutela estatal y europea frente a las industrias privadas y se crea una infraestructura legal mínima y necesaria.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es vital para la estabilidad y la seguridad financiera en Europa. Las lagunas legislativas en un Estado miembro impactan en la UE en su conjunto. Por este motivo, las normas de la UE deben implementarse y supervisarse de manera eficiente y coherente para combatir la delincuencia y proteger nuestro sistema financiero.Además, el reciente escándalo de los papeles de Pandora reveló hasta qué punto el ecosistema financiero internacional y, particularmente, el europeo, están generando evasión fiscal y contribuyendo al lavado de dinero, lo que hace que adquiera suma importancia la adopción por parte de la Comisión del paquete legislativo contra el lavado de dinero, que cumple una de las demandas que, desde hace mucho tiempo, venimos defendiendo desde el Grupo S&D.De cara a los desarrollos de los mercados de capitales y la innovación tecnológica, y con carácter previo al inicio de las negociaciones del paquete legislativo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (LBC), este debate ha sido muy oportuno. Garantizar la eficiencia y coherencia del marco LBC de la UE es de suma importancia.

El 7 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional polaco, declarado ilegitimo por su falta de imparcialidad y su subordinación directa al Gobierno de PiS, dictaminó que las disposiciones del Tratado de la Unión Europea son incompatibles con la Constitución polaca y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interfiere con el sistema judicial polaco y viola el principio del Estado de Derecho, la primacía de la Constitución polaca y el principio de respeto por la soberanía nacional en el proceso de integración europea. En consecuencia, los jueces polacos no podrán obviar las disposiciones de la legislación nacional que consideren incompatibles con la legislación de la UE, enfrentándose a acciones disciplinarias si aplican la legislación europea.Esta decisión tiene graves consecuencias para el ordenamiento jurídico de la Unión y la protección del Estado de Derecho en Polonia, por lo que ha sido rechazada por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros.He votado a favor de esta propuesta de Resolución que llama a la Comisión y al Consejo a adoptar medidas estrictas contra Polonia para restablecer de inmediato la primacía de la legislación europea y asegurar la separación de poderes y el Estado de Derecho en Polonia.

. – Los socialistas españoles hemos trabajado para reafirmar nuestro compromiso de seguir prestando apoyo político, financiero, material y humanitario de forma coordinada para hacer frente a las duras consecuencias de la injustificada y brutal guerra lanzada por Putin contra Ucrania, así como apoyar la reconstrucción de una Ucrania democrática y plural. Por ello, he votado a favor de este procedimiento de urgencia para dar a los Estados miembros un acceso más rápido y más flexible al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al Fondo de Seguridad Interior.El objetivo es hacer frente a las duras consecuencias de la guerra, prorrogando hasta la mitad de 2024 el periodo en el que se puede recurrir al Fondo de Asilo, Migración e Integración, así como permitir un acceso más flexible al Fondo de Seguridad Interior del periodo 2014-2020, para asegurar las fronteras exteriores y los visados, y para prevenir y combatir el terrorismo y la radicalización. Además, los Estados miembros podrán asignar contribuciones para el periodo 2021- 2027 en la partida de ingresos afectados externos. La propuesta permite utilizar urgentemente los fondos restantes, que ascienden a 420 millones de euros, para ayudar a hacer frente al aumento del número de personas en las fronteras y en los sistemas de gestión de la migración derivado de la invasión.

. – Los socialistas españoles hemos solicitado la activación del artículo 163 para la tramitación por procedimiento de urgencia del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la Republica de Moldavia sobre las actividades operativas realizadas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en dicho país.El objetivo general del acuerdo es garantizar que la Agencia Frontex pueda proporcionar apoyo operativo a las autoridades moldavas sobre el terreno. Con este acuerdo, las autoridades moldavas podrán contar con el apoyo de los equipos de gestión de fronteras de Frontex para así responder más rápidamente a los desafíos actuales.Más de 500 000 refugiados han entrado en la República de Moldavia desde Ucrania tras la invasión del 24 de febrero de 2022. Las autoridades moldavas se enfrentan ahora al doble desafío de regular la entrada y posterior salida de potencialmente cientos de miles de refugiados, incluida la vigilancia del contrabando de armas.En vista de ello, es indiscutible que la Unión Europea debe apoyar a las autoridades moldavas para poder responder a los desafíos actuales y ayudar a las personas que huyen de las zonas de guerra.

He votado a favor de la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) para dotar a la Agencia de la posibilidad legal de recopilar, preservar y compartir pruebas sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.El Reglamento propuesto crea la base jurídica por la que se autoriza a esta Agencia a crear un sistema electrónico y una base de datos para almacenar pruebas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y confirma los poderes de Eurojust para ayudar a las autoridades nacionales e internacionales en el análisis de las pruebas. Asimismo, se garantiza la asistencia a las autoridades nacionales e internacionales en la constitución de expedientes judiciales a efectos de enjuiciamiento ante los tribunales, y en particular ante la Corte Penal Internacional.Los esfuerzos nacionales e internacionales para investigar los horribles crímenes de guerra en Ucrania ya están en marcha. La UE, debe actuar con rapidez para almacenar y asegurar las pruebas de estos horribles crímenes en Ucrania para ayudar a construir un caso contra la agresión de Rusia y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de tales delitos.

El Grupo S&D toma nota el informe de la Comisión y se destaca su esfuerzo en realizar un análisis con recomendaciones por país.Por este motivo, he votado a favor de la propuesta de Resolución ya que insta a la Comisión a abordar todas las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución, de 24 de junio de 2021, sobre el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020, la ampliación del alcance de sus informes para cubrir todos los valores consagrados en el artículo 2 del TUE; considera que esas recomendaciones siguen siendo válidas, y las reitera.Del mismo modo, se insta a incluir en el informe anual otros elementos importantes como la prevención del abuso de poder, la igualdad ante la ley y la no discriminación y el acceso a la justicia, incluidos los aspectos del derecho a un juicio justo, reitera su llamamiento a la Comisión para que incluya en futuros informes una evaluación de las condiciones carcelarias. Pide un análisis detallado del retroceso a la protección de los derechos fundamentales en Hungría y Polonia, reconociendo el procedimiento formal iniciado el 27 de abril de 2022 contra Hungría en virtud del Reglamento de condicionalidad.